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BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA.

  1. Planteamiento del problema:

El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución

El bloque de constitucionalidad es un término que comenzó a utilizar la Corte Constitucional colombiana sólo a partir de 1995 pero que como concepto se venía aplicando desde años anteriores utilizando los valores y principios en el texto constitucional para asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material del mismo.

La Corte ha ido moldeando su jurisprudencia para legitimar el valor  de  ciertas normas y principios supranacionales que se encuentran incorporados en  la Carta y que por lo tanto son parámetros del control de constitucionalidad así como parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y deberes protegidos por la norma suprema.

2. Desarrollo en el planteamiento del problema.

  1. Marco normativo del Bloque de Constitucionalidad.
  2. Son seis los artículos de la Carta que definen los parámetros de adopción

De las normas internacionales en el orden interno:

a) El artículo 9º, el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

b) El artículo 93, según el cual “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”

c) El artículo 94, que establece que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros

que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”

d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.” como universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va más allá de las contingencias propias del ordenamiento jurídico nacional”.

 La referencia a valores y principios constitucionales y supra constitucionales, se explica  como una pretensión enérgica de los constituyentes acerca de la validez material de la  Constitución que en opinión de Bachof: «implica un orden de valores que ha sido considerado por la Constitución como anterior a ella misma.

e) El artículo 53 que preceptúa: “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”.

d) El artículo 102 que dice en su inciso 2 que “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la república”.

2. Evolución del concepto de Bloque de Constitucionalidad

El primer acercamiento de la Corte Constitucional en la aplicación de normas supranacionales al orden interno colombiano se da en las sentencias.

A partir de la mencionada jurisprudencia, la Corte Constitucional comenzó a interpretar el inciso segundo del artículo 93 de la Carta  como la norma que disponía  la prevalencia de los tratados o convenios internacionales en el orden jurídico interno, siempre y cuando dichas normas hubiesen sido

integradas en la normatividad colombiana a través de la ratificación del Estado, previo análisis de constitucionalidad.

Esta disposición consagra la preeminencia, superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en nuestro orden jurídico interno. Y es así como la norma exige que para que dicha prerrogativa tenga operancia es necesario que los citados acuerdos internacionales hayan sido «ratificados» por el Congreso, término jurídico que a juicio de la Corte  es inapropiado, puesto que a quien le compete «ratificar» tales instrumentos internacionales es al Gobierno Nacional mas no al Congreso, ente éste al que  se le atribuyó únicamente la facultad de «aprobar» los citados acuerdos, función que cumple por medio de ley.

 Igualmente es condición indispensable para que los tratados o convenios internacionales prevalezcan, que sus normas no contraríen o vulneren los preceptos consagrados en nuestra Carta Política, pues en el caso de que tal cosa ocurriera las cláusulas transgresoras serían inaplicables

Ahora bien, conviene precisar el alcance y significado del artículo 93 constitucional en el sentido de señalar que éste no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales «prohíben su limitación en los estados de excepción», es decir, que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción.

Ampliación progresiva del Bloque de Constitucionalidad.

La Corte Constitucional hasta el año 1998 había precisado que la integración de disposiciones internacionales en el ordenamiento interno con carácter prevalente como bloque de constitucionalidad estaba supeditada, de acuerdo a la lectura del Artículo 93 en conjunto con el Artículo  214 (inciso 2) de la Carta, a aquellas disposiciones de derecho internacional que trataran sobre derechos fundamentales que no fuera posible limitar en estados de excepción u  otras disposiciones a las que  la Constitución hiciera referencia expresa.

De acuerdo a la anterior interpretación hermenéutica de la Carta, la Corte fue  progresivamente reconociendo nuevas disposiciones como integrantes del bloque de constitucionalidad al igual que excluyendo otras.

(C.P., artículo 152) y los tratados que integran el contenido normativo del artículo 101 de la Carta que no puede ser modificado ni restringido en estado de excepción por lo que hace parte del bloque de constitucionalidad.

El alcance de  los artículos 3º del Convenio 3 de la O.I.T., al artículo 10 del referido Pacto y al artículo 11 del Convenio de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en armonía con la “protección especial a la mujer, a la maternidad ” señalada en el artículo 53

de la Constitución se concreta en que por estar dichos tratados incluidos en el bloque de constitucionalidad en virtud del Art. 93 de la C.P. tienen carácter vinculante y deben ser aplicados en Colombia

La Corte Constitucional precisó que no todas las garantías judiciales constituyen derechos de aquellos que no pueden ser limitados en estados de excepción y que por lo tanto sólo los derechos esenciales al debido proceso hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto la Corte expresó:

El derecho a la presunción de inocencia es uno de aquellos derechos humanos que no son susceptibles de limitación en estados de excepción por lo que las disposiciones internacionales de tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en la materia hacen parte del bloque de constitucionalidad

Tanto el derecho al debido proceso (artículo 8 de la Convención Inter americana de Derechos Humanos) como el artículo 27 de la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre hacen parte del bloque de constitucionalidad por ser derechos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción

  1. Conclusiones:

El desarrollo progresivo del bloque de constitucionalidad ha ido fragmentando los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Si bien la Corte Constitucional ha establecido que los tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados por Colombia son un criterio relevante para la interpretación de los derechos humanos que se encuentren consagrados en la Constitución, su inclusión al bloque de constitucionalidad no ha sido completa sino que se ha ido aceptando paulatinamente la entrada de ciertos derechos, aquellos que se consideran intangibles, fragmentando así los referidos cuerpos.

Es importante resaltar el avance de la Corte Constitucional al  tomar, en ciertas circunstancias, las recomendaciones de los comités de monitoreo de los tratados de derechos humanos como jurisprudencia relevante para la interpretación de los derechos, pero tal acepción aún no es suficiente. Las interpretaciones de los derechos efectuadas por los mencionados organismos no se deberían tomar como criterios relevantes o auxiliares, sino como criterios vinculantes  en virtud de la inclusión de los derechos en el bloque constitucionalidad y teniendo en cuenta que, por su ratificación y por disposición de su misma Constitución, Colombia se encuentra vinculada a la supra legalidad de dichos tratados.

Los comités de monitoreo de los tratados de derecho internacional de derechos humanos son órganos que producen constantemente interpretaciones de los derechos que se encuentran consagrados en los tratados para la aplicación y protección de los mismos. Como organismos oficiales tienen la facultad de expedir recomendaciones generales al igual que recomendaciones particulares por país.

 

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