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¿CUÁLES SON LAS CAUSALES DE DIVORCIO EN COLOMBIA?

Las causales de divorcio son las contempladas en el artículo 6o de la ley 25 de 1992.
El-Adulterio-Causal-Divorcio

  1. Las relaciones sexuales extra matrimoniales de uno de los cónyuges.
  2. El grave e injustificado incumplimiento  de los deberes conyugales.
  3.  La violencia (ultrajes, trato cruel y maltratamiento de obra).
  4. La embriaguez habitual.
  5. El uso de sustancias alucinógenas o estupefacientes.
  6. Toda conducta tendiente a corromper o pervertir al otro o a los hijos o a personas que estén bajo su cuidado y convivan bajo el mismo techo.

Hemos pedido a la doctora  Nora Edilma García Arboleda, abogada especializada en Derecho de Familia nos las explique para este blog:

1a. “Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado“. En cuanto a las relaciones sexuales es pertinente aclarar la imposibilidad de afirmar que no únicamente son constitutivos de ella y ostentan tal naturaleza los actos acabados, la mayoría de las veces de imposible o difícil demostración, sino también todo comportamiento erótico realizado por fuera del orden matrimonial, pues si ello no tiene la virtud de colocar en tela de juicio la legitimidad de los hijos, entre otras cosas, una de las razones de política legislativa para la consagración del deber de fidelidad, sí constituye atentado grave pudiendo generar sanción que corresponde a su violación­(Corte Suprema de Justicia. “Sentencia”. Junio 23 de 1986). Con relación a este tipo de faltas como causa para decretar la separación de cuerpos, en sentencia del 19 de julio de 1989 la Corte señaló lo siguiente:

La infidelidad, cuando se materialice en adulterio, se rige por el numeral 1o de la ley citada y cuando no llega a concretarse así o no logra la prueba plena y completa del acto podrá significar un ultraje o injuria grave tratada por el numeral 3o de la misma ley.En este sentido, se consideran como tales aquellos comportamientos contrarios al decoro, respeto mutuo, recato, y, en fin a la consideración que se deben los cónyuges ocasionados con palabras, con escritos, hechos o actitudes, cuando revistan el calificativo de graves según las circunstancias particulares, esto es, de acuerdo con la educación y estado social de los casados, con costumbres y tradiciones, con el entorno o ambiente. etc., los cuales, repítase, aunque no al­cancen a configurar trato sexual alguno, por lo menos constituyen violaciones al deber de fidelidad moral, como quiera que, por ejemplo, cualquier relación aún simplemente sentimental con persona diferente al cónyuge, bien puede crear la apariencia o el aspecto exterior de una relación amorosa y, por ende,  herir la susceptibilidad del cónyuge inocente”» .

2ª. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges, de los deberes que la y ley les impone como tales y como padres”.

La causal está reiterando simplemente lo que se había dicho a propósito en la ley 1a. de 1976. Un breve comentario a esta causal es el siguiente: son muchas las oportunidades en que el legislador remite directa­mente al ejecutor de la ley la calificación de los actos o hechos que tipifican la causal emitida genéricamente; la remisión al análisis de hecho, frente a la ocurrencia concreta supeditada a la prudencia de su ponderación, evaluación general, para tenerse por grave e injus­tificada.

El incumplimiento puede ser com­pleto, total o definitivo y, sin embargo, suponer la presencia del cónyuge o su breve ausencia. Además es sabido cómo en el cumplimiento de los deberes conyugales debe darse una proporción de valores; es evidente que la ausencia de uno de los cónyuges para poder trabajar y obtener adecuadamente ante un frente de trabajo los medios de subsistencia propios y los de su cónyuge y sus hijos, implica un sacrificio de los deberes netamente personales, los del débito conyugal propiamente dicho, el de ayuda y muchas veces el de la vigilancia, corrección y custodia de los hijos, pero esto es justamente el epíteto que bien se conserva en la legislación de llamar que el incumplimiento debe ser injustificado, el término injustificado precisamente hace su aparición con fortaleza dignificante para que proceda el despacho de divorcio. Valga la inclusión del pleonasmo de incumplimiento injustificado, porque efectivamente incumplimiento justificado no existe, todo incumplimiento es injustificado. Si se quiere hablar de que el cónyuge tiene por sus breves ausencias que incurrir en incumplimiento habrá de saberse que ese incumplimiento es “justificado”. Conductas más graves hacen o autorizan a que no se despache el divorcio frente a “incumplimientos”, por ejemplo, si hay ultrajes, si hay malos tratos, si hay ausencias del hogar, ocasionadas por el cónyuge demandante y en las cuales ha incurrido el cónyuge demandado, estos alejamientos y estos incumplimientos no son efectiva­mente incumplimiento sin justificados, son im­posiciones de la intransigencia, de la intolerancia, de la perversión, de la mala intención del otro cónyuge que impide que su otro consorte pueda cumplir adecuadamente con sus propios deberes. El celo, el cuidado, la prudencia que deben observar los falladores a este propósito debe ser intensamente humana como debe ser la apreciación de que en las discusiones de Derecho de Familia son las codificaciones de las ex­periencias instintivas las que tienen un poder en­cuadrado o enmarcado dentro de las normas legales pero con la reivindicación de la calidez y de la calidad que debe tener el aspecto vital, la necesidad de saber, el ansia de vivir, la dicha de soñar.

3a. “Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamiento de obra”.

La causal como lo estimaron los redactores elimina de la inmediata o similar de la ley 1a. de 1976 las condiciones de gravedad de los ultrajes en el trato cruel y en los maltratamientos de obra, a tal punto, que debía peligrar la salud o integridad corporal o la vida de uno de los cónyuges, o de sus descendientes, o que se hicieran imposibles la paz y el sosiego doméstico. Estimó la Comisión que la evolución de las relación conyugales, en el mundo entero, no sólo proscribe la violencia en el grado que atenta contra la vida y integridad corporal, sino toda manifestación de irrespeto, que acusa falta de afecto entre los miembros un hogar Que además lesiona la dignidad que los cónyuges están obligados a enaltecer. Aparte de lo que menciona la Comisión debe recordarse que si se trata de ultrajes, de trato cruel, de maltratamientos, de todas maneras esas características o predicados eliminados deben aparecer prudentemente calificados por el propio fallador ya que la crueldad y el término mismo de los ultrajes invocan su gravedad y no meros resquemores o tratamientos ocasionales más o menos habituales que obedecen a respuestas cotidianas de la intransigencia común, de la intolerancia habitual, que han de tomarse como normales dentro de la vida sociedad.

De toda suerte, esta causal tercera al hablar de ultrajes, de trato cruel, de maltratamientos de obra debe incluir tanto el maltrato físico como el moral. Ejemplo aparentemente superficial, es el que señala como una palmada en la cara no es un maltratamiento de obra, no es un maltrato físico, es un maltrato moral y que la lesión del patrimonio moral también deteriora la comunidad matrimonial y debe originar lo que es el rompimiento legal o sea la terminación por medio del Estado mediante sentencia. Sin embargo, el motivo se constituye en una especie de un género más abierto y más amplio consagrado en la causal segunda: “el grave injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres”. De tal manera que el comentario que se hace a propósito del presente numeral complementa el realizado a propósito de la causal transcrita.

4a. “La embriaguez habitual de uno de los cónyuges”.

Por el motivo consagrado en este numeral, es importante acudir nuevamente al criterio mesurado del fallador. La legislación para estos efectos no los con­cretiza: a pesar de lo dicho se presentan algunas normas de tipo administrativo que indican en qué con­siste la embriaguez habitual con propósitos dis­ciplinarios para cierto sector de los empleados públicos; lo estrecho de la mentalidad que toma como embriaguez habitual la incursión en la ebriedad por dos veces en un semestre, da base para dirimir materias tan importantes, de consecuencias graves, por motivos baladíes. Con mayor prudencia  hará la calificación el juez de turno.

5a. “El uso habitual de sustancias alucinógenas o estu­pefacientes. Salvo prescripción médica”.

Necesario ha de ser el auxilio de los médicos forenses en la calificación del punto; la exigencia de lo continuado y la presencia de la dependencia física o psíquica. Condiciones indispensables pertenecen al peritazgo de los técnicos. Dígase que la salvedad de la necesidad por enfermedad, bajo prescripción médica  encuentra plena justificación. De estas causales podemos manifestar que todas pertenecen al divorcio sanción,  porque se parte de la premisa de tener un cónyuge culpable y como castigo a su conducta se disuelve el matrimonio mediante el divorcio.

6a. Toda enfermedad o anormalidad grave e in­curable, física o psíquica, de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud moral o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial».

Si reseñamos lo atinente de nuestro Derecho Civil clásico hallamos en su artículo 154 las cuatro causales de “divorcio”, agregadas con una de “separación”, al presentarse en uno de los consortes enfermedad grave o contagiosa que autorizaba la no convivencia, pero con perduración del deber de ayuda.

Al manifestarse hoy que el Código Civil conocía la “separación de cuerpos” asimilada al “divorcio im­perfecto”, strictu sensu se comete un error histórico, excusable por la traducción que del mismo (divorcio Imperfecto) hacen las legislaciones modernas del mundo (el alcance de la suspensión de la vida en común. sin disolver el vínculo) pero no porque no existiera otra figura, así atípica, olvidada hoy como tal pero subsumida en otra más amplia como es la presente del artículo 6o de la ley 25 de 1992.

7a. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, o a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo”.

Las conductas corruptoras no son con exclusividad las sexuales abyectas como podría desprenderse de un criterio moral o religioso: otras cualesquiera tienen cabida, verbi gratia, la inducción al delito y, son sujeto pasivo de las mismas, no sólo el otro cónyuge sino, copulativa o disyuntivamente, los descendientes o per­sonas ajenas al parentesco que vivan bajo el mismo techo como las fámulas domésticas.

8a. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años”.

En el presente,  el régimen es el siguiente: toda separación judicialmente declarada, que se origine en sentencia, en decreto de autorización de residencia separada o separación provisional (ya sea judicial o administrativa que proviene de defen­sores de familia), en separación temporal que puede despacharse con una perduración de un año o menos, o las de acto escriturario, pueden sumarse a las separaciones de hecho para completar los dos años, es decir, las separaciones legales pueden ser judi­ciales, notariales o administrativas. Las judiciales que provengan de sentencia donde se decrete indefinida­mente la separación deben perdurar al menos dos años. Si son provisionales pueden durar los dos años autónoma o parcialmente menos de los dos años y complementadas con separaciones de hecho; igual acontece con las separaciones de hecho o las admi­nistrativas provenientes de Defensor de Familia que no pueden tener una duración mayor de tres meses. También pueden sumarse con la separación de hecho y también tienen entidad suficiente la separación de hecho aisladamente considerada que tenga esa duración mínima de más de dos años. Esto quiere decir que cuando se trata de separaciones, las distinciones de separaciones judi­ciales inferiores a un año para sumarse a las de hecho quedan sometidas a contingencia probatoria, así: será únicamente motivo de prueba desvirtuadle por cierto, que si hay una separación de tres meses bastará el decreto sin otra prueba distinta: si en una separación temporal, la sentencia respectiva; si es una separación provisional o autorización de residencia separada, se corre igual suerte. Ya la diferenciación con estos propósitos de divorcio no tiene una incidencia sino, se repite, meramente probatoria. “Como la causal 8a. del artículo 154 del C.C. prescribe como causa de divorcio: “la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de dos años”, parece apenas elemental extenderla a la separación de hecho de los cónyuges, no sólo porque las razones que la justifican son las mismas de la separación de derecho, sino por cuanto en la realidad social dichas separaciones de hecho son las más numerosas, especialmente en los estratos populares».

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