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LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL EN UNIÓN MARITAL DE HECHO.

La Sociedad patrimonial entre compañeros permanentes surge una vez ocurrida la disolución de la sociedad o sociedades conyugales anteriores.

LIQUIDACION

Sociedad conyugal y divorcio en colombia.

En efecto, al fijar la Corte Suprema de Justicia en la sentencia señalada los alcances del literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, lo que hizo a tono con los postulados introducidos por la Constitución Política de 1991, concluyó que basta con que “la sociedad o sociedades conyugales anteriores” a que alude el citado precepto legal “hayan sido disueltas” y que la unión marital de hecho de que se trata se haya prolongado por un lapso no inferior a dos años, para que pueda presumirse la existencia de sociedad patrimonial y haya lugar a declararla judicialmente, sin que sea necesario, como lo preveía el legislador de 1990 (cuando aun no mediaban obviamente las orientaciones y principios adoptados por el constituyente de 1991), que la referida sociedad conyugal o sociedades conyugales anteriores hubieren sido “liquidadas”.

Para concluirlo de esa manera, consideró esa alta Corporación que el artículo 42 de la carta Política elevó a rango constitucional la familia por “vínculos naturales” cuando se daba “la voluntad responsable de conformarla”, el asunto no tiene ahora una connotación meramente legal, y que cualquier análisis en torno al citado artículo 2º de la ley 54 de 1990 impone tener en cuenta “los nuevos valores y principios constitucionales”, en conformidad con los cuales no se compadece, sigue diciendo la Corte, que una cosa innecesaria como “la falta de liquidación” de la sociedad o sociedades conyugales anteriores, pueda anonadar el derecho sustancial, impidiendo la formación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando estos cumplan en lo esencial con los requisitos previstos en el ordenamiento superior; de todo lo cual concluye la Corte que “esa parte de la ley 54 deviene insubsistente”, conclusión que apoya en los artículos 9º de la ley 153 de 1887 y 4º de la propia Constitución Política.

 Destaca igualmente la Corte en orden a explicar la cabal hermenéutica del literal b) del artículo 2º de la ley 54 de 1990, que para contraer nuevo matrimonio la ley no exige que la sociedad conyugal anterior se haya liquidado sino que este disuelta, por lo que no habría trato igualitario en exigir para cuando se trate de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que previamente al inicio de ésta se haya liquidado la sociedad conyugal que hubiere llegado a existir con anterioridad; mayormente si esa desigualdad de trato emerge también ostensiblemente de la letra b) del artículo 5º de la misma Ley, en cuanto contempla que la sola circunstancia del matrimonio de uno de los compañeros permanentes disuelve la sociedad patrimonial, de lo que no es difícil deducir, prosigue la Corte, que es la misma Ley quien admite que en este caso la sociedad conyugal se puede iniciar sin estar liquidad la patrimonial; cuestión que obviamente denota trato desigual.

Con arreglo, pues, a las consideraciones expuestas en el recién comentado fallo de la Corte Suprema de Justicia y que constituye criterio auxiliar de la actividad judicial como lo dispone el artículo 230 de la Carta Política, esta sala del Tribunal habrá de extender la comentada hermenéutica del literal b) del artículo 2º de la ley 54 de 1990 para concluir con fundamento en dicha norma y “los nuevos valores y principios constitucionales”, que tampoco es necesario que la “disolución” de “la sociedad o sociedades conyugales anteriores” haya ocurrido “por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”, cual allí se exige, ya que si bien es verdad que hasta allá no llega el alcance de la susodicha sentencia de casación de la Corte muy seguramente porque el contenido de la acusación no se lo permitió, también lo es, que la conclusión adicional a que aquí se llega se impone racionalmente del propio contexto de dicho fallo pues concurren las mismas razones jurídicas que exteriorizó esa superioridad para concluir que es “insubsistente” la exigencia impuesta por dicha norma legal respecto de la necesidad de liquidar previamente la sociedad o sociedades conyugales anteriores; de donde para esta Sala se impone concluir, así mismo, que es igualmente insubsistente el requisito de exigir que haya transcurrido un año desde cuando ocurrió la disolución para que pueda tener lugar el inicio de la sociedad patrimonial. Ésta, entonces, podrá iniciarse, a criterio de la Sala, inmediatamente después de haber quedado disuelta “la sociedad o sociedades conyugales anteriores”, y su existencia se presumirá a términos del artículo 2º de la ley 54 de 1990, pasado “un lapso no inferior a dos años”, cual allí se dispone, cuando habrá lugar a declararla judicialmente.”

FUENTE NORMATIVA:

  1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 4°.
  2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 42.
  3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 230.
  4. LEY 153 DE 1887, ARTÍCULO 9°.
  5. LEY 54 DE 1990, ARTÍCULO 2°.


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